Fiscalía pide seis años de cárcel por una mina de pizarra sin licencia en Casaio
La Audiencia de Ourense juzga a dos acusados y a una empresa por extraer pizarra entre 2013 y 2018 en Carballeda de Valdeorras sin derechos mineros ni autorización de la Xunta.
La Fiscalía pide seis años de cárcel para dos acusados y cerca de cinco millones de euros en responsabilidades por haber explotado una mina de pizarra sin licencia. La explotación estaba en Casaio, dentro del término de Carballeda de Valdeorras (Ourense). Son peticiones de la acusación, no una condena.
El caso llega a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense. Lo informaron el 1 de noviembre La Región y Galiciapress, este último con texto de Europa Press. Ambos medios sitúan la vista el martes, día 3, aunque la fechan en mayo, un mes que no encaja con la fecha en que publicaron la noticia. Las dos piezas recogen solo el escrito de la acusación: no incluyen la posición de los acusados ni la de la empresa.
Una sociedad creada en 2012 y extracciones entre 2013 y 2018
Los dos acusados constituyeron en 2012 la sociedad Cafinsa Proyectos SL. También ella está acusada.
Según la Fiscalía, entre 2013 y 2018 los acusados explotaron la concesión San Valentín, registrada con el número 4278, cuya titular es, según las fuentes, una herencia. No contaban con derecho minero propio ni con permiso de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, sostiene el escrito de acusación. La acusación sitúa las extracciones en un área de 90 hectáreas.
Escombreras y daños en montes vecinales
La acusación atribuye a los trabajos la formación de escombreras y la destrucción de arbolado, pastos y arroyos, en los montes vecinales de Lardeira y de Casaio. La superficie afectada supera las 25 hectáreas, y Fiscalía habla de graves impactos ambientales.
La rehabilitación de esa zona está valorada en 4,5 millones de euros. Es la partida mayor de la petición. A ella se suman unos 238.000 euros por daños a la comunidad de montes vecinales de Riodolas, que es la destinataria de esa cantidad. Para cada acusado reclama además una multa superior a 7.000 euros.
Para la sociedad, la Fiscalía solicita cinco años de clausura de sus locales y establecimientos, junto con una multa de 36.500 euros.
